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Los derechos de autor en el entorno digital y contenidos en Internet

Por: Diana Cifuentes Gómez, Coordinadora del Observatorio de Cultura y Economía

 

Ventajas del derecho de autor son sus sólidos principios cardinales y la gran cantidad de países que se han adherido a las convenciones y tratados internacionales que establecen las regulaciones básicas sobre el tema. El más antiguo de estos es el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, cuya primera versión data de 1886 y al cual están adheridos en la actualidad 168 países. Este Convenio consta de tres principios básicos que consisten en garantizar que las obras de cada uno de los Estados Contratantes gocen de la misma protección que se concede a las obras nacionales (principio del trato nacional), que la protección no esté subordinada al cumplimiento de formalidad alguna (principio de protección automática), y que sea independiente de la existencia de protección en el país de origen de la obra (principio de la independencia de la protección).

 

Sin embargo, en un contexto como el del entorno digital se crean tensionescuando al tratar de mejorar los beneficios paraalguna de las partes involucradas se puede afectar a las otras.El objetivo de toda legislación tendría que estar orientadoaencontrar un justo equilibrio que no perjudique a ninguno de los actores implicados en el ciclo de producción-distribución-consumo-apropiación de contenidos.En el entorno digital, y específicamente en este entorno, con el incremento de la circulación de contenidos a través de Internet se tornan aún más complejos una gran cantidad de interrogantes sobre cómo deben ser las reglas de juego para usar ese material circulante de manera que tanto los creadores como los consumidores se vean beneficiados.

 

Muchas veces la legislación vigente presenta vacíos respecto a cómo responder a estos nuevos usos y nuevos tipos de contenidos disponibles online o en formatos digitales, ya que la velocidad del avance de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y la aparición de nuevas formas de consumo sobrepasa por mucho a la de los cambios en el cuerpo legislativo, que se queda sin capacidad de respuesta para adaptar o modificar sus leyes de acuerdo a las necesidades del entorno digital. En lo que respecta a América Latina, en varios países se han presentado proyectos de ley para regular temas relativos al derecho de autor y los derechos conexos en Internet, sobre todo en lo relacionado con las responsabilidades por infracciones de derechos, con resultados muy variados y no tan satisfactorios por país.

 

En Colombia, el Proyecto de Ley 241 de 2011, más conocido como la “Ley Lleras”, solo logró generar una gran cantidad de movimientos de protesta en su contra y se archivó meses después de haber sido propuesto cuando se le calificó de poner en riesgo, en palabras del ex senador Camilo Romero: “los derechos de los usuarios y la libertad de expresión”2. Posteriormente, en abril de 2012 se aprobó la Ley 1520, que en sus Artículos 13 y 14 pretendía restringir el acceso a contenidos. Esta vez se pretendía prohibir la retransmisión de señales de televisión a través de Internet sin autorización del titular, se establecía una responsabilidad civil y se obligaba a pagar una indemnización a quienes accediesen o distribuyesen contenidos cuya gestión de derechos hubiera sido suprimida o alterada. Estos artículos fueron declarados inexequibles meses después por la Corte Constitucional.

 

En Chile, por el contrario, entró en vigencia en el año 2010 una importante modificación a la Ley de Propiedad Intelectual, que se refiere a las excepciones y limitaciones en los usos material con derechos e incorpora un régimen de limitación de responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet. Respecto a este último punto, la Ley establece que en caso de infracción, los prestadores de tales servicios no serán obligados a indemnizar el daño siempre y cuando cumplieren los requisitos establecidos a través de la misma; es decir, cuando ante una orden judicial se retiren o bloqueen contenidos que infrinjan el derecho de autor.

 

El caso más reciente es el de México, en donde se presentó en enero de 2015 una nueva propuesta para modificar la Ley Federal de Derechos de Autor y añadir un capítulo que contemple los procedimientos de ley en caso de infracción en materia de derechos patrimoniales de autor o derechos conexos por medio de Internet. Esta propuesta incluye, entre otros puntos: facultar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para investigar infracciones de ley; ordenar y ejecutar medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación de derechos en Internet; ordenar el retiro al acceso público en Internet de una obra cuando los titulares de derechos no lo hayan autorizado; imponer multas a los infractores.

 

Esta nueva propuesta ha recibido críticas negativas de varios sectores de interés por considerar que da facultades excesivas al Instituto, que las multas impuestas a los infractores son desmedidas (oscilan aproximadamente entre los USD 23.000 y los USD 188.000), y que ordenar una suspensión preventiva de acceso a los contenidos en Internet mientras se investiga constituye un hecho de censura previa (Flores, 2015).

Las responsabilidades y los castigos para los infractores en el entorno digital son el tema que más se ha abordado en América Latinapor tratarse de los compromisos establecidos al firmar Tratados de Libre Comercio con los Estados Unidos. Sin embargo, este es tan solo uno de los muchos aspectos a analizar y regular en materia de derechos en el espacio digital.

Otro punto discutido y legislado es el derecho compensatorio por copia privada. En varios países de América Latina se han presentado proyectos de ley que no han llegado a prosperar, mientras que en España suprimieron en el año 2011 el llamado Canon Digital, un impuesto que pagaban los fabricantes e importadores de aparatos tecnológicos que permitían la realización de copias; este fue remplazado por una compensación que el gobierno paga directamente a las entidades de gestión de derechos. Sin embargo, estas mismas sociedades se muestran inconformes con el modelo pues “obliga a pagar a los ciudadanos y beneficia principalmente a la industria tecnológica” (Telam, 2012).

Todavía quedan varios temas por tratar en la región para llegar a acuerdos legislativos. Tres particularmente relevantes son: lo referente al comercio digital, el uso de material en redes sociales, y el establecimiento de reglas que permitan encontrar un equilibrio entre el derecho de las personas a acceder a los contenidos y el derecho de los autores y los distribuidores a recibir una remuneración por el uso de las obras que crean o distribuyen. Estos temasno solo se estándiscutiendo en diferentes escenarios multilaterales, como las Naciones Unidas y la Unión Europea, si no que se presentan de manera cada vez más frecuente ante las instancias judiciales de los países. A continuación se presenta un breve análisis de cada uno de ellos.

El Comercio Digital

La Internet es una plataforma particularmente propicia para el comercio de contenidos culturales. Los mayores retailers a nivel mundial acaparan una buen parte de estas transacciones. Las cifras alcanzan valores astronómicos, no obstante falta avanzar en términos de regulación de mercados. De acuerdo con los datos de Internet, Retailer’s América Latina es el segundo mercado de ventas por Internet de mayor crecimiento después de China. Se estima que Amazon aumentó sus ventas en la región en un 142% en el 2013, mientras que a los vendedores locales tampoco les va nada mal: el crecimiento conjunto en ventas de las 500 compañías de comercio al por menor más grandes de América Latina fue del 22.8% en el mismo año.

Existen cuatro proveedores globales con gran poder económico y de lobby ante los gobiernos que pueden representar una amenaza para los mercados locales y los derechos de autor: Google, Apple, Facebook y Amazon, usualmente referidos bajo el acrónimo de GAFA. En 2013, estas compañías tuvieron ingresos conjuntos por USD 123 billones, cifra que superó el valor individual del PIB anual a precios constantes de más del 60% de los países del mundo para el año 2013. Aline Robert manifiesta en su artículo “Copyright reform or cultural nightmare?” que al menos en Europa existe una gran preocupación entre los gobiernos y los representantes del sector cultural privado con respecto a la voracidad de estas organizaciones y su comportamiento frente a la competencia local, ya que estas compañías recurren frecuentementea prácticas agresivas para evitar el pago de impuestos y no siempre pagan por los derechos de autor.

Ejemplo de ello es el caso conflictivo de Google Print Library Project y Google Books. Este proyecto consistió inicialmente en escanear y cargar archivos de las colecciones de la Universidad Pública de Nueva York, de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y de varias bibliotecas universitarias.Posteriormente en 2004 Google lanzó Book Search, que permite que usuarios en línea hagan búsquedas de la base de datos de libros y vean fragmentos de textos sujetos a derechos de autor, o puedan descargar copias completas de obras que ya están en el dominio público. En el año 2005, The Authors Guild demandó a Google por infracción masiva de copyright, ya que en el proceso no se solicita la autorización de los autores o de los titulares de derechos para hacer la copia digital del libro y poner a disposición las obras en Internet. Google se defendió reclamando que se trataba de un caso de uso justo ya que solo se mostraban fragmentos de los libros cuando no tenían los derechos del titular. Finalmente en 2013 el caso se resolvió a favor de Google bajo la premisa de que el proyecto tiene repercusiones sociales positivas y se autorizó la expansión de su biblioteca digital, ante lo cual The Authors Guild apeló el veredicto. Esta asociación alega que las intenciones de Google son puramente comerciales.

Respecto a los objetivos de la Unión Europea en avanzar en las regulaciones para el mercado digital, el primer pilar de la Agenda Digital para Europa 2020 es la creación de un mercado digital unificado, bajo el postulado de que todavía existen muchas barreras que bloquean el flujo entre países de servicios online y de bienes culturales. Entre otros propósitos, la creación de un mercado digital unificado busca estimular el negocio de descargas musicales, establecer una sola área para pagos en línea, incrementar la protección de los consumidores en el ciberespacio, brindar la posibilidad de que se disfruten los mismos contenidos y servicios en todos los países de la Unión Europea, y contar con un conjunto de reglas simples y claras en materia de derechos de autor.

El uso de material en las redes sociales

Como nos explica el equipo de Creative Commons de Uruguay, sobre todo en los países que tienen legislaciones basadas en los derechos de autor de origen europeo continental, es decir en todos los países latinoamericanos, se parte de la premisa de que todos los derechos son reservados, contrario a la lógica de las redes sociales que presume que todo lo que se sube es libre de compartirse en tanto el objeto primario de una red social es divulgar. En cada red social se comparten millones de contenidos al día, por lo que resulta imposible pedir permiso a cada uno de los autores antes de proceder a compartir el contenido.

Las variables que entran en juego a la hora de determinar si se infringe el derecho de autor cuando se replica un tweet, una foto en Pinterest, un video en Vine o un comentario de FB, son varios. En primer lugar se podría considerar que por el hecho de estar en una red social, se otorga de manera automática permiso para reproducir el contenido puesto que el formato de posteo por lo general incluye una opción para hacerlo (“retwittear” en Twitter, “compartir” en FB, “pin it” en Pinterest, etc.). En segundo lugar, cuando se habla de texto, se trata de frases cortas para las que no necesariamente es tan claro si una porción de texto compuesta, por ejemplo, por 140 caracteres o menos, está sujeta a derechos de autor. Cabe resaltar que en los Estados Unidos ya existen precedentes legales de casos en donde se ha determinado que en un tweet los está infringiendo.

En el caso de los videos y las fotografías es más evidente el interés económico que hay detrás de tratar de prohibir su uso en las redes sociales. Por ejemplo, las ligas de fútbol ya han empezado a prohibir compartir los goles de los partidos en las redes sociales, ya que esto pone en riesgo los contratos realizados con cadenas de televisión o grupos mediáticos que pagan cuantiosas sumas de dinero por tener los derechos para mostrar estos contenidos de manera exclusiva en televisión e Internet. El pago por el uso de fotografías con derechos de autor también es un negocio bastante rentable, por ejemplo compañías como Getty Images tienen ingresos anuales cercanos al billón de dólares. Estas empresas suelen entablar numerosas demandas cuando sus ingresos se ven afectados debido a la circulación en las redes sociales de material de fotógrafos que representan y sobre el que no se pagan derechos. Adicionalmente, muchos fotógrafos se ven perjudicados con la circulación masiva de su obra sin que ello les genere un solo peso de ganancias.

En todo caso, la fotografía se ha transformado de manera significativa gracias a los avances tecnológicos. Si bien algunas imágenes son obras de arte únicas en donde el autor ha logrado transmitir una esencia particular y algo que les distingue de entre miles de fotografías, tampoco puede afirmarse que todos los registros cumplen con esos parámetros. Estamos en un mundo en el que la producción fotográfica se volvió masiva gracias a que miles de millones de personas tienen permanentemente en sus bolsillos una cámara de buena calidad y toman un sin número de fotos al año. Es así como dos fotografías tomadas en lados opuestos del planeta pueden llegar a tener una increíble similitud; incluso aquellas imágenes que tienen pretensiones artísticas muchas veces no resultan ser obras claramente diferenciadas, ni producto de la inspiración única del autor, para la muestra este caso. Muchas fotografías adquieren su valor artístico y simbólico a través de la interacción social que se da a su alrededor.

Equilibrio entre creadores y consumidores

La discusión sobre cómo lograr un equilibrio entre el derecho al acceso a la cultura y el respeto por la propiedad intelectual ha sido abordada recientemente en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En diciembre de 2014 la Relatora Especial sobre los derechos culturales, Farida Shaheed, presentó un informe en el que analiza las interrelaciones entre estos dos aspectos desde la perspectiva de los derechos humanos.

En el documento, Shaheed afirma que existen grandes preocupaciones por parte de los titulares de derechos de autor “por la amenaza a la que se enfrentan las industrias culturales debido a la piratería digital propiciada por la evolución de las tecnologías digitales”. A lo largo de las discusiones llevadas a cabo en el Consejo entre la relatora y representantes de diferentes países, surgieron propuestas como el bloqueo de sitios web y el filtrado de contenidos. Sin embargo, en su opinión (la de la relatora) se trata de medidas que pueden llegar a ser incompatibles con el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la ciencia y la cultura.

De acuerdo con la autora, antes que recurrir a prácticas agresivas como impedir el acceso a Internet o imponer multas por cuantiosas sumas de dinero, hay que “ajustar la normativa sobre los derechos de autor mediante procesos legales para promover los intereses de los autores, el derecho de toda persona a participar en la vida cultural y otros derechos humanos, como el derecho a la educación. En el marco del derecho a la propiedad, también es aceptable velar por los intereses de los autores mediante normas que garanticen el derecho a una remuneración en lugar del derecho a la exclusión, así como normas que otorguen derechos a la exclusión o la remuneración en algunas circunstancias, pero no en todas” (Shaheed, 2014).

Artículo 19 es una organización de carácter mundial dedicada a defender la libertad de expresión e información, afirma que la libertad de expresión es la condición de base para garantizar la diversidad de la expresión cultural, la creatividad y la innovación. Propone adoptar varias medidas que promuevan el acceso al conocimiento y a la cultura como las de Creative Commons, interpretar con mayor amplitud las excepciones al derecho de propiedad, permitir que las obras financiadas a través de fondos públicos sean reconocidas como bienes públicos, garantizar el acceso al conocimiento a personas en situación de discapacidad, y permitir excepciones al derecho de la propiedad intelectual que favorezcan a los hablantes de lenguas minoritarias y a personas con bajo nivel de educación.

En conclusión, es urgente establecer espacios de discusión en América Latina acerca de los derechos de autor en el entorno digital. Se debe fomentar un diálogo abierto en el que los gobiernos participen no solo desde las instancias legislativas, sino con los ministerios de comercio, cultura, telecomunicaciones, y aquellas instancias en donde se materializan las políticas públicas en torno a estos tres temas; también hay que pensar en los espacios multilaterales en donde se puede llevar a cabo esta discusión. A esto hay que añadir una amplia participación del privado que incluya a todos los sectores involucrados: sociedades de gestión, consumidores, empresarios de Internet, distribuidores de contenidos y académicos, entre otros.

Los derechos de autor siempre han sido un tema de difícil consenso. Si algo nos puede decir la experiencia en América Latina y en otros países, es lo poco conveniente, demorado y políticamente costoso que ha resultado lanzar proyectos de ley o aprobarleyes sin consultar previamente con representantes de diferentes sectores de la sociedad civil, sin que exista una participación amplia que acoja diferentes puntos de vista, o se ceda ante las presiones de los grandes grupos económicos.

El respeto por los derechos de autor y la garantía del acceso a la cultura son motores importantes para el desarrollo sostenible de los países.

*Coordinadora del Observatorio de Cultura y Economía.


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