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Más problemas que soluciones

Por: Antonio Martínez Velázquez, Abogado, activisa mexicano representante del Partido Pirata de México

 

Una de las grandes batallas del siglo XXI es la de la propiedad intelectual. Fueron la revolución industrial y el arreglo económico del siglo XX los que instauraron la idea de que ningún avance podría ser logrado sin lucrarse individualmente con “ideas originales”. La propiedad intelectual pasó de ser un derecho voluntario y renovable a ser un mandato que sobrepasa la vida de los autores. La avaricia, mas no la creatividad, fue el motor de sus defensores. Pero la era digital desmanteló por completo esta idea y su modelo: Internet no es más que una máquina de copias; la brecha abierta aún no ha terminado de mostrarnos sus consecuencias.

 

Cada tanto nos enfrentamos a la disputa por ganar el relato de esta crisis. El siglo fue inaugurado con la batalla de las disqueras contra Napster. En aquel tiempo parecía inconcebible que las personas pudiesen compartir música entre sí, y los dueños del capital decidieron ir contra la cultura con la pretensión de ARTÍCULO Más problemas que soluciones Por: Antonio Martínez Velázquez* 3 Sección Somos. Fundación Karisma. Consultada el 11 de mayo de 2015 en: https://karisma.org.co/somos/ Créditos: Hola Varlan. Algunos derechos reservados defenderla. Aunque ganaron el caso y Napster acabó por fracasar, tuvieron que modificar su modelo de negocios para no quedar en bancarrota. Quince años después parece que las cosas comienzan a normalizarse con el surgimiento de tiendas como Itunes, Google Music y Spotify.

 

La noción de que “una idea es de alguien” y que hay que darle un tratamiento casi material, no solo es ingenua sino que es peligrosa porque excluye y limita el conocimiento, no lo expande. Estas concepciones dieron origen a los monopolios farmacéuticos, automotrices, e incluso a las torres de marfil académicas –que a la larga no han hecho sino hundir al planeta en la enfermedad, la contaminación y la ignorancia por exclusión–. Por otro lado, esta es la representación de nuestro mundo actual y forma parte del orden establecido que todos tratan de defender.

 

La lucha contra Internet en materia de propiedad intelectual ha sido ardua y constante. Los Estados han decidido proteger globalmente a unos pocos privilegiados en demérito de otros muchos. Tratados multilaterales como el ACTA o el TPP buscan que las naciones armonicen las leyes domésticas en materia de propiedad intelectual para favorecer, allí donde se suscriban, a las corporaciones que mandan a los gobiernos. Como parte de estos tratados, México se ha rendido a la política estadounidense esperando obtener réditos económicos; no obstante, sigue hundido en la miseria. Vale traer a colación que gracias a Wikilieaks se supo de la manipulación que ejercía la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) sobre el gobierno.

 

Ahora bien, analicemos un caso reciente en México: quienes tienen derecho de picaporte en el Congreso (no son los ciudadanos), han revivido una vieja reforma sobre el régimen de propiedad intelectual sobre el que se deben advertir por lo menos dos problemas: uno de forma y otro de fondo. La forma en cómo se llevan a cabo estas reformas es, por decir lo menos, antidemocrática, porque no se consulta a todas las partes involucradas ni se prevén las consecuencias de las restricciones. En el fondo, el texto reitera una postura anquilosada de los derechos de propiedad intelectual y la endurece, por un lado al dotar al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) de facultades para retirar de línea sitios que sean posibles infractores y por el otro, se cargan penas por el uso de contenidos incluso cuando no sea con fines de lucro.

 

La iniciativa es indeseable por sus efectos censores, de ensanchamiento de la brecha digital, y de acceso a la cultura. Reitera medidas que no han ayudado a proteger a los titulares de derechos y que, sobretodo, invisibilizan a quienes ejercen derechos fundamentales como el de la expresión y el acceso a la cultura. No se puede imponer restricción alguna a la libertad de expresión arguyendo amparo a los derechos de terceros; es decir, de propiedad intelectual, salvo que el Estado pueda demostrar que la restricción resulta necesaria en una sociedad democrática. El IMPI no solo carece de autonomía sino que su mandato es únicamente para proteger a titulares de derechos, de modo que la ponderación no es balanceada y las personas quedan desprotegidas.

 

Respecto a la responsabilidad de intermediarios que la iniciativa propuesta pretende imponer, tiene efectos inhibitorios en la capacidad de acceso a la información y en la libertad de expresión de los usuarios. En su caso, las leyes que rigen la responsabilidad de intermediarios relativa a la infracción de contenidos deben contener garantías de debido proceso suficientes (en calidad y cantidad) como para proteger los derechos de los usuarios; además se deberá proveer de medidas suficientes contra el abuso. Ninguna de estas características ha quedado plasmada en la iniciativa propuesta.

 

En el informe de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la OEA, se han encontrado un par de criterios mínimos para las legislaciones relativas a Internet: primero, evaluar todas y no solo algunas de las condiciones de legitimidad de las limitaciones del derecho y, segundo, que al imponer una restricción, esta no sea vista desde el punto de vista del afectado sino desde el impacto en el funcionamiento de la red.

 

Si algo ha demostrado la crisis de la propiedad intelectual es que defenderla para proteger a unos privilegiados no es el camino adecuado. La piratería no es un problema legal, se trata de la terrible desigualdad socioeconómica que el propio régimen (donde la propiedad intelectual es la base) ha creado: la tecnología es cada vez más barata, los bienes culturales (digamos Disney o Hollywood) cada vez son más inaccesibles y las necesidades creadas son feroces; la única manera de que los pobres tengan acceso a los bienes culturales que se les imponen es conseguirlos de la manera más barata posible.

 

*Abogado, activista mexicano representante del Partido Pirata de México. @antoniomarvel


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